La carta entregada a Claudia Sheinbaum cuenta con las firmas de los ministros que integran la Suprema Corte, incluyendo aquellos que han tenido diferencias con el actual Presidente López Obrador.
Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) felicitó este lunes a Claudia Sheinbaum Pardo luego de su virtual victoria en las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo durante el día de ayer.
En una carta firmada por los ministros integrantes de la Sala Superior de la Suprema Corte, presidida por la Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, fue extendida la más “sincera felicitación” y buenos deseos de éxito en la encomienda que millones de mexicanas y mexicanos le otorgaron a Sheinbaum Pardo en las urnas.
Además, resalta que el Poder Judicial de la Federación (PJF) le hace una abierta disposición al diálogo abierto y honesto entre el PJF y el Poder Ejecutivo con el fin de “responder en conjunto las demandas de justicia de la ciudadanía”.
La carta cuenta con las firmas, además de Norma Piña, de Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar, Javier Laynez Potisek, Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf, Ana Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara.
El mayor de los éxitos a @ClaudiaShein en la encomienda respaldada por millones de mexicanas y mexicanos en las urnas para el periodo 2024-2030.
Desde el #PJF reiteramos la mejor disposición para responder en conjunto a las demandas de justicia que exige nuestro país. pic.twitter.com/aUyJkEJI8Z
— Suprema Corte (@SCJN) June 3, 2024
El diálogo entre la Suprema Corte y la futura titular del Poder Ejecutivo se inscribe en la tensa relación que ambos poderes han tenido en el último año, esto ante las diferencias entre la Ministra presidenta —junto con otros ministros y demás funcionarios del PJF— y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo este último el impulsor de una profunda reforma al Poder Judicial para, entre otras cosas, permitir la designación de ministros y magistrados a través del voto popular.
“¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, a magistrados y a ministros? Hay un procedimiento en todos los casos para elegir presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores, presidentes de la República. Hay que reunir ciertos requisitos, hasta de edad. Desde luego, no tener antecedentes penales y otros requisitos”, cuestionó en noviembre del año pasado durante una conferencia de prensa matutina.
El mandatario destacó en aquella ocasión que, así como en otros cargos, para ser Ministro o Ministra se tiene que cumplir con otros requisitos, como tener estudios en Derecho, experiencia y honestidad.
“Los ministros tienen derecho, como todos, a dar su punto de vista y eso es bueno. Entonces es muy interesante. Además ellos deben saber que hubo un tiempo en que se elegían de manera indirecta a los ministros de la Corte, a, incluso, lo que es ahora el Fiscal General. El Procurador era electo. En la Constitución del 57 se estableció la elección de autoridades del Poder Judicial”, recordó.
Posteriormente, luego de que ocurriera la llegada del huracán “Otis” en las costas de Guerrero, el Presidente López Obrador había propuesto que el dinero de los 13 fideicomisos del Poder Judicial que fueron cancelados se destinaran para ayudar a las personas damnificadas por el desastre natural, hecho que no ocurrió luego de que el Ministro Pérez Dayán concediera la suspensión de la extinción de los fideicomisos.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con la hipótesis de que Norma Piña Hernández “simuló” la entrega de los 15 mil millones de pesos o que fue sometida a duras presiones.
El Presidente compartió que piensa que Piña Hernández sintió que era correcto destinar el fondo de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos para las familias damnificadas y simuló porque se alentaron amparos, o que fue sometida a “fuertes presiones de los mandamás”.
“Sólo hay dos explicaciones: una, que ella [Norma Piña] sintió que era lo correcto destinar esos 15 mil millones que no afectan en lo laboral, no dejan sin salarios o prestaciones a los trabajadores. Eso hay que aclararlo: es un fondo para privilegios, y sueldos elevadísimos y otras prestaciones; creo que ella pensó que era un momento de decir que era un recurso, que la Cámara de Diputados decide que se regresen a la Tesorería, y se etiqueten para los damnificados de Acapulco”, expresó.
“Hasta ahí iban bien las cosas, entonces son dos cosas: o ella simuló y nada más fue salir al paso y al mismo tiempo alentó lo de los amparos, el doble discurso, la doble moral, la hipocresía… O lo otro es que fue sometida a fuertes presiones de los mandamás. Una cosa son los cargos formales y otra cosa es el poder real”, consideró.
Asimismo, criticó que el Ministro Laynez Potisek haya concedido la suspensión que frena la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial, equivalentes a 15 mil millones de pesos, recursos que Piña Hernández, había prometido que serían destinados para ayudar a las y los damnificados en Acapulco por el huracán “Otis”, así como su reciente actividad en la crisis política que ocasionó Samuel García Sepúlveda con su intento de partida para contender por Movimiento Ciudadano (MC) para la Presidencia de la República.
El titular del Ejecutivo acusó al Ministro de “poner por encima el mercantilismo de la salud del pueblo, de los jóvenes”, ya que ayer, Laynez Potisek le concedió el amparo a una empresa contra el decreto que prohíbe la venta de vapeadores y cigarros electrónicos.
LA REFORMA AL PODER JUDICIAL EXPLICADO EN 4 PUNTOS
Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó en febrero de este año los cuatro objetivos de la reforma al Poder Judicial, propuesta presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Alcalde Luján detalló que los cuatro objetivos son: una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la elección popular de ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas; la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF); y nuevas reglas procesales.
El primer objetivo busca reducir el número de ministras y ministros de la SCJN, de 11 a nueve integrantes; reducir el periodo de su encargo, de 15 a 12 años; eliminar las dos salas para que la Corte sólo tenga sesiones públicas en el pleno; eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y ministras; y ajustar la remuneración al tope establecido para el Presidente de la República.
“Se desaparecen las dos salas. Hoy la Suprema Corte trabaja en dos salas, y después trabaja en pleno. La idea es desaparecer estas salas que son muy opacas en la resolución de sus conflictos, y que solamente se sesione en pleno, a través de sesiones que deberán ser públicas, transparentes, para que todas y todos tengamos la posibilidad de conocer qué están determinando”, explicó.
La reforma plantea que en 2025 se realice una elección extraordinaria para renovar a ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas del Poder Judicial, y quienes ocupan actualmente algún cargo pueden participar en el proceso de elección.
La selección de las y los ministros de la SCJN, de las y los magistrados del Tribunal Electoral, y las y los magistrados del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres poderes de la Unión.
El Poder Ejecutivo podrá proponer hasta 10 candidatos; el Poder Legislativo tendrá la posibilidad de mandar cinco candidaturas por cada Cámara, por mayoría calificada; y el Poder Judicial propondrá hasta 10 candidaturas a través del pleno de la SCJN, por mayoría de seis votos.
Asimismo, Alcalde Luján detalló que en el caso de las y los mil 633 magistrados de Circuito, y jueces y juezas de Distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de seis candidaturas paritarias por cargo.
Durante el proceso electoral y resultado de la elección de los puestos en el Poder Judicial, el Senado de la República verificará que las candidaturas cumplan con los requisitos de Ley, mientras que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) organizará la elección.
REFORMA AL PODER JUDICIAL (2)Además, las campañas durarán 60 días, y no habrá etapa de precampañas; no se permitirá el financiamiento público o privado; se darán tiempos en radio y televisión para difundir sus propuestas y se harán foros de debate; y el Tribunal Electoral del Poder Judicial será la instancia que resolverá las impugnaciones y declarará los resultados.
Del mismo modo, el tercer objetivo, la sustitución del CJF busca dividir sus funciones en el Tribunal de Disciplina Judicial y en el Órgano de Administración Judicial. El primero estará integrado por cinco magistrados o magistradas electas a nivel nacional por un periodo de seis años, y podrá recibir denuncias de cualquier persona e investigar a cualquier Ministro, Ministra, Magistrado, Magistrada, Juez, Jueza o personal judicial por actos contrarios a la Ley. El segundo estará integrado por cinco personas designadas por un periodo de seis años, el Ejecutivo nombrará a una, el Senado a otra, y la SCJN nombrará tres; y será responsable de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del PJF.
Finalmente, la Secretaria de Gobernación explicó que las nuevas reglas procesales consisten en una justicia expedita, es decir, que se establezca un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un año para asuntos penales; en la prohibición de otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad; en la justicia local consistirá en que los poderes judiciales de los estados deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados, magistradas, jueces y juezas; y en que los fideicomisos del PJF se reintegren al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
